Ello dio lugar a una gran tormenta jurídica y política cuyo resultado, en el plano de lo jurídico, fueron diversas SsTC que rubricaron la adecuación a la CE de la derogación de la transferencia mencionada en el texto por el Real Decreto-ley 2/2004, primero, y la Ley 11/2005, después. La primera Sentencia aparecida fue la 195/2012, de 31 de octubre, resolviendo el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, curiosamente, por la Comunidad Autónoma de La Rioja, que no es de las que pueden ser insertadas territorialmente en el arco mediterráneo, que era el territorio beneficiario de la transferencia. En el mismo sentido siguieron luego las SsTC 237/2012, 239/2012, 240/2012, 19/2013, 51/2013 y 64/2013, siempre rubricadoras de la constitucionalidad de la derogación de la transferencia. No se ha vuelto a intentar, desde 2001, la regulación de una transferencia de esa importancia, pese a que se han sucedido al frente del gobierno de la Nación diversas opciones políticas que, en teoría, tienen también posiciones distintas en relación a esa materia.