A-Tratamiento de aguas residuales urbanas y nitratos de origen agrícola
2-Directiva 91/676/CEE relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos utilizados en la agricultura
En el informe de 2021 sobre la aplicación de la Directiva 91/676/EE, la Comisión Europea subraya que "la ganadería es responsable de un 81% estimado de la aportación de nitrógeno agrícola a los sistemas acuáticos" 
. También menciona que las "mayores densidades de ganado, expresadas en unidades de ganado por hectárea, se encontraron en los Países Bajos, con una tendencia al alza desde 2013, Malta, con una tendencia a la baja desde 2013, y Bélgica, donde se mantiene estable desde 2005". En Bélgica, Chipre, Luxemburgo y los Países Bajos, los balances de nutrientes son superiores a 100 kg/ha para el período 2016-2019. Durante este mismo periodo, "el 14,1% de las estaciones de aguas subterráneas siguen superando en media anual los 50 mg de nitratos por litro, una situación comparable a la del periodo anterior". Como recordatorio, los nitratos y el fósforo en las aguas superficiales conducen a la eutrofización. La Comisión afirma que "a nivel de la UE, el 36% de los ríos, el 32% de los lagos, el 31% de las aguas costeras y el 32% de las aguas de transición y el 81% de las aguas marinas se declararon eutróficas" . La Comisión lamenta que 13 Estados miembros no hayan facilitado información sobre la contribución de la agricultura al vertido de nitrógeno en el medio acuático
La Directiva 91/676/CEE complementa la Directiva 91/271/CEE en lo que respecta al vertido de determinados contaminantes de origen agrario. Su objetivo es reducir la contaminación de las aguas causada o inducida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias y evitar que aumente dicha contaminación (art. 1). Para ello, combina los dos enfoques de objetivos de calidad y valores límite de emisión, exigiendo medidas más estrictas cuando sea necesario en las zonas vulnerables que se diseñen a tal efecto. Al igual que la Directiva sobre residuos urbanos, esta directiva contiene normas de carácter técnico. Por lo tanto, los Estados miembros "tienen un deber especial, para satisfacer plenamente el requisito de seguridad jurídica, de garantizar que su legislación destinada a transponer esa directiva sea clara y precisa" .