A-La legislación comunitaria sobre el agua y el Tribunal de Justicia de la UE
La legislación de la UE en materia de aguas constituye un importante ámbito de litigios medioambientales. El gran número de casos presentados ante el Tribunal de Justicia no es una sorpresa; la legislación medioambiental de la UE es uno de los ámbitos en los que las infracciones y el número de denuncias son mayores. Así pues, hay que lamentar los numerosos incumplimientos por parte de los Estados miembros de las obligaciones impuestas por las directivas sobre el agua y otras legislaciones conexas. Además, la legislación de la UE en materia de aguas, al igual que el resto de la legislación medioambiental de la UE, adopta la forma de directivas, que deben ser incorporadas a la legislación nacional. Varios litigios presentados ante el Tribunal de Justicia se refieren a la no transposición o a la transposición incompleta o incorrecta de las directivas en el plazo previsto. En consecuencia, los litigios presentados ante un tribunal nacional suelen basarse y argumentarse en la legislación nacional que transpone las directivas de la UE. Hay, por supuesto, situaciones en las que es efectivamente el Derecho de la UE como tal el que se invoca ante un tribunal nacional, como cuando no se ha transpuesto una Directiva, cuando hay que interpretar una disposición nacional que transpone el Derecho de la UE o cuando se cuestiona su legalidad con arreglo al Derecho de la UE. El aumento de los litigios medioambientales ante los tribunales varía según el sistema jurídico de que se trate, pero refleja una tendencia generalizada, como demuestran los litigios sobre el clima.
La singularidad del sistema jurisdiccional de la UE es ampliamente conocida como el sistema de control de la aplicación del Derecho de la UE con el papel clave de la Comisión Europea "bajo el control del Tribunal de Justicia" (artículo 17 del TUE). Así, si el Tribunal de Justicia "velará por el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados", los Estados miembros también "establecerán recursos suficientes para garantizar una tutela judicial efectiva en los ámbitos del Derecho de la Unión" (artículo 19 del TUE). Este complejo sistema de recursos se basa en un modelo de justicia descentralizado en el que los tribunales nacionales son los principales garantes (jueces comunes del Derecho de la UE) de la eficacia de la protección jurisdiccional y del Derecho de la UE.
Más del 85% de los asuntos presentados ante el TJUE en el ámbito de la legislación sobre el agua son consecuencia de la incoación de procedimientos de infracción por parte de la Comisión Europea contra los Estados miembros por incumplimiento de sus obligaciones comunitarias. Los tribunales nacionales plantean progresivamente cuestiones prejudiciales al Tribunal sobre la interpretación de las legislaciones de la UE en materia de aguas, pero también sobre la articulación entre la legislación de aguas y otras legislaciones medioambientales. El conocimiento de las distintas sentencias del Tribunal de Justicia puede, por tanto, ser muy útil para los tribunales nacionales a la hora de resolver sus litigios (A). Así, varias sentencias de jueces nacionales hacen referencia a las sentencias del TJUE. Un análisis de los casos en el contexto de las cuestiones prejudiciales ofrece una visión de los problemas a los que se enfrentan los jueces nacionales y muestra la importancia de la cooperación jurisdiccional (B). Las encuestas del Eurobarómetro muestran regularmente el alto nivel de preocupación de los ciudadanos europeos por el medio ambiente. En el ámbito de las cuestiones relacionadas con el agua, este alto nivel de concienciación de los ciudadanos se expresó, en particular, durante la iniciativa ciudadana europea Right2Water (la primera iniciativa ciudadana europea que tuvo éxito en 2013) o durante la consulta pública relacionada con el control de la adecuación de la Directiva Marco del Agua y la Directiva sobre Inundaciones en 2019. Esta movilización ciudadana y la participación activa de las ONG también se reflejan en los tribunales. Los ciudadanos y varias asociaciones ecologistas desarrollan una estrategia de litigio para hacer cumplir la legislación de la UE en materia de aguas y exigir que se respeten sus derechos en virtud de la legislación de la UE y del Convenio de Aarhus. Sin embargo, dadas las actuales condiciones restrictivas de acceso del público al TJUE y la imposibilidad de interponer una demanda contra los Estados miembros por incumplimiento de las obligaciones de la UE ante el TJUE, los ciudadanos y las ONG recurren inevitablemente a sus tribunales nacionales (C).