EU WATER LEGISLATION & JUGDES

Así, cuando se infringe la ley de aguas, se deben aplicar sanciones que también desencadenan una importante práctica penal. Uno de los tipos más significativos de litigios penales relacionados con el agua es el relativo a los vertidos no autorizados y/o ilegales de aguas usadas y/o sustancias, especialmente las peligrosas. Los lixiviados procedentes de instalaciones industriales o agrícolas, así como de los almacenes de residuos de los vertederos, son también un problema potencial. Los tribunales civiles y comerciales parecen menos propensos a enfrentarse a cuestiones de derecho de aguas, aunque esto puede cambiar con el tiempo. El vertido ilegal o accidental de aguas residuales, residuos líquidos (como los lixiviados) o sustancias peligrosas, incluidos los productos incluidos en el ámbito de la Directiva sobre nitratos, en una propiedad o incluso en terrenos públicos puede ser perjudicial para el medio ambiente en general, dentro y fuera de ese lugar. Esto podría ocurrir si el terreno y las aguas superficiales o subterráneas afectadas se encuentran aguas abajo de la fuente puntual del lugar donde se produce un vertido o un derrame. Aunque la mayoría de las veces se trataría de una situación de práctica administrativa, también puede ser perjudicial para los vecinos o para un inquilino o un adquirente del terreno en cuestión, por no hablar de los trabajadores empleados en ese lugar y de los consumidores o usuarios del agua secuestrada en los pozos situados aguas abajo. Evidentemente, esto puede dar lugar a una serie de reclamaciones basadas en el derecho municipal de la propiedad, el derecho de la venta o el derecho de la responsabilidad civil aplicables. En tal situación, la violación de la ley de residuos permitirá al tribunal calificar la molestia, la defectuosidad o el incumplimiento del bien inmueble transmitido, o la culpa o negligencia del propietario o titular del terreno frente a sus vecinos o a otros consumidores y usuarios locales. En el asunto mencionado, en el que un tribunal administrativo francés condenó al Estado a indemnizar a una empresa de aguas, el propio operador privado había sido condenado por un tribunal civil a pagar daños y perjuicios a los habitantes de una ciudad de Bretaña por haberles suministrado agua cuya calidad no se ajustaba a los requisitos de calidad del agua de la UE .
Los jueces también pueden tener que comprobar la conformidad de las leyes nacionales que aplican las disposiciones del Derecho de aguas de la UE con la Directiva 2008/99/CE relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. En virtud de dicha Directiva, los Estados miembros deben establecer que determinadas conductas constituyen una infracción penal cuando son ilícitas y se cometen intencionadamente o, al menos, por negligencia grave. Dichas conductas se refieren, entre otras cosas, a "el vertido, la emisión o la introducción de una cantidad de materiales o de radiaciones ionizantes en (...) las aguas, que causen o puedan causar la muerte o lesiones graves a cualquier persona o daños sustanciales a (...) la calidad del agua (...)" (art. 3(a)), y a "la recogida, el transporte, la valorización o la eliminación de residuos, (...) que causen o puedan causar la muerte o lesiones graves a cualquier persona o un daño sustancial a (...) la calidad del agua (...)" (Art. 3(b)). Como también se ha mencionado anteriormente (véase la parte 2), determinadas actividades realizadas en el marco de la aplicación de la legislación sobre aguas pueden entrar en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/35 sobre responsabilidad medioambiental en materia de prevención y reparación de daños medioambientales. Las decisiones adoptadas por las autoridades competentes en aplicación de esa otra legislación también podrían ser impugnadas ante los tribunales nacionales competentes. Además, puede haber problemas de interrelación entre ese régimen de responsabilidad medioambiental de la UE y otros regímenes nacionales de responsabilidad (por ejemplo, la responsabilidad civil general) que los tribunales nacionales tendrían que resolver.

La educación, la información y la participación del público contribuyen a aumentar la vigilancia de los ciudadanos y de las ONG, que participan activamente en la detección de las infracciones de la legislación medioambiental nacional y comunitaria. Una serie de acciones emprendidas por la Comisión contra los Estados miembros tienen su origen en las denuncias de las asociaciones ecologistas ante la Comisión. Además, como subraya el CJUE, la Comisión "no tiene poderes de investigación propios en este ámbito" y la Comisión "depende en gran medida de la información proporcionada por los posibles denunciantes o por los Estados miembros afectados" .
Las asociaciones medioambientales son uno de los centinelas de la eficacia del Derecho comunitario en materia de medio ambiente y cumplen su función de "guardianes (...) esenciales en una sociedad democrática". Varias referencias de sentencias preliminares también ilustran las acciones de las ONG en los tribunales nacionales.